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Kitchen, cuando la indecencia se hizo carne

Kitchen, cuando la indecencia se hizo carne

Kitchen, cuando la indecencia se hizo carne El caso Kitchen es uno más de los que salpican al Partido Popular, por la utilización de los recursos del Estado en su propio provecho y beneficio; primero para financiarse, después para ocultar las huellas. Una historia de saqueo de las arcas pública por malos policías, espías, traidores y altos cargos corruptos, desde las cloacas del Estado. Un entramado que utilizó los fondos reservados para su lucro personal.

La operación Kitchen, es el nombre dado al dispositivo que organizó el Gobierno de Mariano Rajoy para robarle a Luis Bárcenas pruebas de la financiación irregular del PP. Respetando la presunción de inocencia de todos los implicados, destacan el muy católico ministro Fernández Díaz y la muy leal secretaria general María Dolores de Cospedal, para quienes Anticorrupción pide imputar por malversación, prevaricación y revelación de secretos.

Los informes de anticorrupción apuntan a Fernández Díaz, entonces ministro del Interior, y a Cospedal, secretaria general del PP y ministra de Defensa, quienes hasta ahora solo han incriminado al que fuera número dos de Interior, Francisco Martínez, responsable por su cargo de los fondos reservados. Parece que ya les había avisado: "no voy a comerme ese marrón solo". Previsiblemente, el juez decidirá en los próximos días si imputa a Fernández Díaz, Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro.

Las detenciones de 2009, de políticos y responsables de segundo nivel, activaron lo que se convertiría en el caso Gürtel. El terremoto acabó con la sentencia de la Audiencia Nacional en 2018, tras una instrucción torpedeada desde su inicio, y una campaña de desprestigio de los jueces que la dictaron. La sentencia definió lo sucedido en Gürtel como fruto de "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional". Un sistema basado en cientos de contratos amañados. Y en sobornos. Y en aportaciones a la caja B del PP, efectuadas como "contrapartida por adjudicaciones irregulares". La situación creada, vino a derribar a Mariano Rajoy y su Gobierno previa a la moción de censura. Ahora, el caso del espionaje a Bárcenas aflora el uso de medios policiales y fondos reservados para proteger a la organización y sus dirigentes.

Pablo Casado no ve cómo distanciarse de la operación que el Ministerio del Interior, con uso de fondos reservados, montó para proteger al partido entonces en el Gobierno. De momento se desmarca afirmando que en los años 2013 a 2015 él era un simple diputado por Ávila y que las investigaciones son "de tiempos muy pasados". Insuficiente aclaración y ambiguo argumento, cuando lo que tiene que decir claramente es que se aplique la ley y que, si alguien ha cometido un delito, debe responder por ello. En su día Cospedal, ya tuvo que romper con el pasado de la Gürtel, legado de José María Aznar, cuando afirmó: "En el PP, quien la hace la paga y cada uno aguanta su vela". En aquel 18 de enero de 2013, no se sabía que Bárcenas guardaba los libros en los que anotaba los pagos y que, entre los que habían recibido el dinero en B, estaban, entre otros, Rajoy, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja y la propia Cospedal.

Cinco juicios por corrupción acorralan al PP, que sentarán en el banquillo a 102 procesados. La Audiencia Nacional se prepara para juzgar la caja B de Bárcenas, las tramas de Boadilla y Arganda, los amaños en la visita del Papa a Valencia y la implicación de Camps. Son demasiados casos.

Por hechos parecidos a los que acabaron con el Gobierno de Rajoy, la Audiencia juzgará en breve la corrupción en Boadilla del Monte. La Fiscalía también acusa en este caso al PP como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por la trama Gürtel. Correa hizo negocios millonarios en Boadilla entre 2001 y 2009. El gobierno municipal, del PP, adjudicó a dedo numerosos contratos y facilitó otros negocios inmobiliarios a la red corrupta.

El proceso judicial que más daño ha hecho a la reputación del PP se refiere a la contabilidad secreta que manejaron los extesoreros Álvaro Lapuerta (fallecido) y Luis Bárcenas. En esos papeles, revelados por EL PAÍS el 31 de enero de 2013, se registran 20 años de una caja B, alimentada por donaciones de constructores y contratistas, con la que presuntamente se abonaban sobresueldos a dirigentes del PP y se pagaban otros servicios para el partido. Por los hechos registrados en esa contabilidad oculta al fisco, el juez tan solo ha procesado a los tesoreros y gerentes del PP, por pagar con dinero negro la compra de acciones de Libertad Digital o parte de las obras de la sede de Génova, 13, y a los directivos de un despacho de arquitectura por defraudar a Hacienda al no declarar parte de los ingresos logrados por esa reforma. La Fiscalía y la Abogacía del Estado consideran al PP responsable civil subsidiario de los delitos fiscales atribuidos a sus tesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.

El caso Arganda del Rey, consiste en la adjudicación de terrenos. Con 21 procesados, entre ellos dirigentes del PP y los cabecillas de Gürtel, el juicio por las irregularidades detectadas en Arganda del Rey examinará otro asunto oscuro y de especial relevancia. El tribunal tendrá que juzgar la adjudicación de terrenos a Martinsa, la constructora de Fernando Martín, una operación que generó unas plusvalías multimillonarias. El comisario José Manuel Villarejo sostuvo durante un tiempo que el ático de Estepona que disfrutaba el entonces presidente madrileño Ignacio González era un regalo de Fernando Martín por la adjudicación de los terrenos de Arganda.

En marzo está previsto el inicio del juicio por las adjudicaciones de la televisión pública valenciana a una constructora Teconsa, para la cobertura informativa de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, cuando gobernaba el PP. Hay 23 procesados, entre ellos estaba el expresidente de las Cortes Valencianas y Director General de la Policía, Juan Cotino, fallecido en abril de este año.

El juicio sobre los contratos del Gobierno de Francisco Camps, llega tras reabrir la investigación De la Mata por una confesión de quien fue secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa. En su declaración, Costa involucró al expresidente Francisco Camps en el amaño de contratos a favor de la trama Gürtel. El testimonio de quien fue mano derecha de Camps permitió incluir al expresidente valenciano como procesado. La Fiscalía pide para Camps dos años de cárcel.

Hoy conocemos que María Dolores de Cospedal, en una de sus colaboraciones junto al excomisario Villarejo, trabajó para que Ricardo Costa, entonces tesorero del PP valenciano, asumiera todas las responsabilidades de la trama Gürtel. "Esto te lo tienes que comer", asegura Villarejo en uno de los audios publicados. El excomisario propone que el damnificado fuera el tesorero Ricardo Costa, y se "coma" todas las cargas que la causa conllevara. Tras estas conversaciones, donde también participaba Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal, Costa fue destituido y apartado de su cargo.

Junto a estos cinco juicios, los magistrados finalizarán antes de julio la instrucción de otras dos causas, los casos Lezo y Púnica, que implican al PP en nuevos delitos de financiación ilegal y que mantienen imputados a tres expresidentes autonómicos de Madrid: Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes.

Francisco Martínez Vázquez, ex secretario de Estado de Seguridad del ministerio de Interior, ha amenazado con tirar de la manta en el juicio sobre la Operación Kitchen: "Voy a contarle al juez todo lo que sé". Martínez, imputado en la operación de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, afirma que supo "de esa operación por el ministro. Me llamó, no recuerdo si un sábado o un domingo por la tarde, para decirme que un confidente iba a colaborar con la policía para ver lo de Bárcenas [...] Yo me quedé atónito. Hablé con el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y me dijo que sí, que había un grupo de policías con el confidente, que era el chófer de Bárcenas".

El escrito de los fiscales que han investigado la pieza Kitchen deja poco lugar a la duda: al menos entre 2013 y 2015, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy y con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior, altos mandos de la Policía y de su ministerio dieron un uso ilícito a los fondos reservados y a recursos policiales para el exclusivo beneficio particular de los participantes, ya fuera por la retirada de fondos reservados para lucro personal, ya fuera para financiar subrepticiamente tejemanejes de la organización criminal. Dicho escrito recoge las primeras conclusiones de la fiscalía a través de las cuales solicita al juez la imputación de dos personas que ocuparon carteras muy sensibles durante el mandato de Rajoy: Jorge Fernández Díaz (Interior) y María Dolores de Cospedal (Defensa); se solicita también la imputación del marido de esta, Ignacio López del Hierro.

La cúpula del PP se saben entre dos fuegos: por la derecha, Vox, con una moción de censura (sin fecha) que ya no será solo una herramienta contra Pedro Sánchez, sino también contra Casado, y, por la izquierda, PSOE y Unidas Podemos, que desdeñarán cualquier iniciativa que presente como oposición y se apoyarán en la comisión de investigación en el Congreso para erosionarle durante los tres meses que, como mínimo, durará. Una organización como el PP, que ha participado en causas como la de la Púnica, considerada por el juez Eloy Velasco "organización criminal", no debería permitírsele participar políticamente en un sistema democrático.

El PSOE y Unidas Podemos han registrado en el Congreso su petición para que la Cámara cree una comisión de investigación sobre la Operación Kitchen sobre "la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de gobierno del Partido Popular".

Con toda esta situación de imputaciones en la que se encuentra el PP, se entiende el bloqueo al que somete la renovación del Consejo del Poder Judicial, nombrado por el Gobierno de Rajoy. Siguen utilizando los poderes del Estado como propios y la Constitución a su antojo y beneficio.

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